05/12/2012 16:01:00
El contralor Ramiro Mendoza dijo que el parámetro que se le aplicó a Walter Martínez se aplica desde 2007: todos aquellos condenados cuya pena pueden cumplir en libertad, sí pueden ocupar cargos públicos.
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El contralor Ramiro Mendoza explicó por qué un informe de Contraloría le dio luz verde a que el cabo que mató al joven comunero mapuche Matías Catrileo en 2008, vuelva a las filas, pese a haber sido condenado por tres años y un día a raíz del crimen. Según explicó Mendoza, desde 2007 las personas a las que se les permite cumplir sus condenas en libertad con penas alternativas, acceden al beneficio de no ser inhabilitados para cumplir un cargo público. "Es un dictamen que yo creo que la regla esencial es la igualdad ante el derecho. La Contraloría ha venido interpretando desde 2007 que las personas que tienen el beneficio de la ley 2.816, como es el caso de este ciudadano, tienen en la medida que han sido beneficiados por una ley, se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad que las sentencias establezcan (...) no se le privó de libertad precisamente para acoger los beneficios y yo no entiendo cómo se va a aplicar para unas cosas y no para otras", dijo Mendoza. Además, tras la sorpresa del Gobierno ante el informe, explicó que cuando los tribunales otorgan beneficios, se hace respecto de la pena principal y las accesorias. "Hemos entendido que si se le suspende la aplicación de la pena principal, desde luego todas las penas que la rodean", dijo y agregó que en este caso "hay una reacción que en realidad es un problema de temperatura social, pero no de derecho".
El contralor Ramiro Mendoza dijo que el parámetro que se le aplicó a Walter Martínez se aplica desde 2007: todos aquellos condenados cuya pena pueden cumplir en libertad, sí pueden ocupar cargos públicos.
El contralor Ramiro Mendoza explicó por qué un informe de Contraloría le dio luz verde a que el cabo que mató al joven comunero mapuche Matías Catrileo en 2008, vuelva a las filas, pese a haber sido condenado por tres años y un día a raíz del crimen. Según explicó Mendoza, desde 2007 las personas a las que se les permite cumplir sus condenas en libertad con penas alternativas, acceden al beneficio de no ser inhabilitados para cumplir un cargo público. "Es un dictamen que yo creo que la regla esencial es la igualdad ante el derecho. La Contraloría ha venido interpretando desde 2007 que las personas que tienen el beneficio de la ley 2.816, como es el caso de este ciudadano, tienen en la medida que han sido beneficiados por una ley, se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad que las sentencias establezcan (...) no se le privó de libertad precisamente para acoger los beneficios y yo no entiendo cómo se va a aplicar para unas cosas y no para otras", dijo Mendoza. Además, tras la sorpresa del Gobierno ante el informe, explicó que cuando los tribunales otorgan beneficios, se hace respecto de la pena principal y las accesorias. "Hemos entendido que si se le suspende la aplicación de la pena principal, desde luego todas las penas que la rodean", dijo y agregó que en este caso "hay una reacción que en realidad es un problema de temperatura social, pero no de derecho".