07/01/2014 12:51:59
El máximo tribunal ratificó lo dictaminado en septiembre de 2012 por el ministro Mario Carroza, quien descartó la participación de terceros en la muerte del Presidente.
La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento total y definitivo en la investigación por la muerte de Salvador Allende Gossens y determinó que el Presidente que se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. En fallo dividido, los ministros ratificaron en todas sus partes lo dictaminado en septiembre de 2012 por Mario Carroza, quien estuvo a cargo de la investigación, abierta en enero de 2011 tras una denuncia de la fiscal Beatriz Pedrals. La resolución del juez Carroza ya había sido ratificada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones el 24 de junio de 2013. La sentencia del máximo tribunal determina que no existen antecedentes en el proceso instruido por el ministro Carroza que permita determinar que exista la intervención de terceros en la muerte del socialista. Según el fallo, mientras La Moneda ardía tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea, Allende se dirigió al Salón Independencia, en el segundo piso de La Moneda, "cerrando la puerta. Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido", continúa. "A consecuencia de esta acción, su cuerpo quedó en una posición tal que su cabeza se cargó hacia la derecha e inclinó sobre el tórax. La bóveda craneana tuvo una pérdida importante de masa encefálica, que queda disgregada en el suelo y en el muro ubicado a sus espaldas", agrega el texto. Respecto de la eventual participación de militares en su muerte, la resolución señala que las tropas que asaltaron La Moneda durante el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, "llegaron al salón con posterioridad al instante en que el Presidente Allende se quita la vida" y subraya que "no hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento". El proceso se inició el 24 de enero de 2011, después de que la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals presentara una serie de requerimientos por víctimas de violaciones a los derechos humanos, en casos que no registraban investigación judicial. El 23 de mayo de 2011 se ordenó la exhumación de los restos de Allende para determinar la causa de su muerte y realizar una serie de peritajes en el Servicio Médico Legal (SML) y en otros organismos internacionales. El 19 de julio de 2011, el magistrado recibió los resultados del equipo de peritos del SML, los que concluyeron que la causa de muerte del Presidente Allende fue por una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio. Los peritajes se realizaron en base a una serie de antecedentes que incluyen datos obtenidos en 1973 y 1974, y evidencias que recogidas, en 2011, en la exhumación, informes de este año y las pericias derivadas de la diligencia de exhumación de los restos. El 13 de septiembre de 2012 el ministro Carroza dictó sobreseimiento definitivo en la causa, decisión que fue ratificada el 24 de junio de 2013 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El máximo tribunal ratificó lo dictaminado en septiembre de 2012 por el ministro Mario Carroza, quien descartó la participación de terceros en la muerte del Presidente.
La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento total y definitivo en la investigación por la muerte de Salvador Allende Gossens y determinó que el Presidente que se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. En fallo dividido, los ministros ratificaron en todas sus partes lo dictaminado en septiembre de 2012 por Mario Carroza, quien estuvo a cargo de la investigación, abierta en enero de 2011 tras una denuncia de la fiscal Beatriz Pedrals. La resolución del juez Carroza ya había sido ratificada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones el 24 de junio de 2013. La sentencia del máximo tribunal determina que no existen antecedentes en el proceso instruido por el ministro Carroza que permita determinar que exista la intervención de terceros en la muerte del socialista. Según el fallo, mientras La Moneda ardía tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea, Allende se dirigió al Salón Independencia, en el segundo piso de La Moneda, "cerrando la puerta. Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido", continúa. "A consecuencia de esta acción, su cuerpo quedó en una posición tal que su cabeza se cargó hacia la derecha e inclinó sobre el tórax. La bóveda craneana tuvo una pérdida importante de masa encefálica, que queda disgregada en el suelo y en el muro ubicado a sus espaldas", agrega el texto. Respecto de la eventual participación de militares en su muerte, la resolución señala que las tropas que asaltaron La Moneda durante el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, "llegaron al salón con posterioridad al instante en que el Presidente Allende se quita la vida" y subraya que "no hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento". El proceso se inició el 24 de enero de 2011, después de que la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals presentara una serie de requerimientos por víctimas de violaciones a los derechos humanos, en casos que no registraban investigación judicial. El 23 de mayo de 2011 se ordenó la exhumación de los restos de Allende para determinar la causa de su muerte y realizar una serie de peritajes en el Servicio Médico Legal (SML) y en otros organismos internacionales. El 19 de julio de 2011, el magistrado recibió los resultados del equipo de peritos del SML, los que concluyeron que la causa de muerte del Presidente Allende fue por una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio. Los peritajes se realizaron en base a una serie de antecedentes que incluyen datos obtenidos en 1973 y 1974, y evidencias que recogidas, en 2011, en la exhumación, informes de este año y las pericias derivadas de la diligencia de exhumación de los restos. El 13 de septiembre de 2012 el ministro Carroza dictó sobreseimiento definitivo en la causa, decisión que fue ratificada el 24 de junio de 2013 por la Corte de Apelaciones de Santiago.